Prólogo

Elizabeth Lira^*

El derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular presidido por Salvador Allende y la instalación de una junta militar de gobierno cambió la vida de la mayoría de los chilenos, incluso de los partidarios del nuevo régimen, el 11 de septiembre de 1973. Salvador Allende se suicidó en el Palacio de La Moneda. El país fue ocupado por las fuerzas militares y se declaró estado de sitio como «tiempo de guerra» para todas las provincias, designándose jefes de plaza. Numerosos decretos leyes y bandos militares regularon las relaciones sociales e instruyeron a la población en el acatamiento de las nuevas condiciones políticas¹. El Poder Judicial apoyó a la Junta de Gobierno, valorando que hubieran asumido «el mando supremo de nuestro país con el afán de producir una profunda rectificación de la vida nacional, inspirada en altos ideales de solidaridad y bienestar colectivos»².

El Congreso fue clausurado. Muchas de las autoridades del gobierno y los dirigentes de los partidos de la Unidad Popular fueron detenidos y confinados en la Isla Dawson, más de 100 kilómetros al sur de Punta Arenas en el estrecho de Magallanes. Los partidarios del gobierno, los miembros de los partidos políticos que formaban parte de la Unidad Popular, los dirigentes sindicales, poblacionales y sociales fueron perseguidos, así como los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El decreto ley 77 prohibió y convirtió en asociaciones ilícitas a los partidos, entidades, agrupaciones, facciones o movimientos «que sustenten la doctrina marxista o que por sus fines o por la conducta de sus adherentes sean sustancialmente coincidentes con los principios y objetivos de dicha doctrina y que tiendan a destruir o a desvirtuar los propósitos y postulados fundamentales que se consignan en el Acta de Constitución de esta Junta»³. Mediante el mismo decreto se canceló la personalidad jurídica de los partidos políticos y de las entidades mencionadas y fueron confiscados sus bienes, los que pasaron «al dominio del Estado y la Junta de Gobierno los destinará a los fines que estime convenientes» (Art. 1)⁴. La confiscación incluía las sedes partidarias y sindicales, medios de prensa, radios y otros.

Miles de personas fueron detenidas, torturadas, sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Permanecieron recluidas en condiciones indignas en recintos deportivos y lugares que no eran cárceles⁵. Miles fueron procesadas en consejos de guerra, sentenciadas a largas condenas de prisión o fueron condenadas a muerte, condenas que se cumplieron sin que fueran revisadas por la Corte Suprema, como estaba establecido por la Constitución de 1925⁶. La Corte Suprema declaró, en noviembre de 1973, que no tenía jurisdicción para revisar o corregir los procedimientos y sentencias de los tribunales militares de tiempo de guerra⁷. La mayoría de los condenados en esos consejos conmutaron la pena de cárcel por extrañamiento (DL 504) a distintos países del mundo.

Los allanamientos de morada de los habitantes de las poblaciones de las grandes ciudades afectaron a cientos de miles de personas, quienes padecieron violencias, maltratos, amenazas y destrucción de enseres con el pretexto del control de identidad, de búsqueda de armas o de personas, o simplemente como una práctica rutinaria de control que tenía como propósito el amedrentamiento de la población civil.

Aparecieron cuerpos en los ríos y en las calles, en sitios eriazos y en las playas, pero muchos de ellos no pudieron ser identificados. Los muertos parecían multiplicarse por quienes los veían. En distintas ciudades, pueblos y localidades a lo largo de todo el país se detuvo a personas que no volvieron a aparecer. Las autoridades negaron su detención y toda responsabilidad en relación con su destino y paradero. Poco a poco se fue configurando la condición de desaparición forzada y hasta el presente no se conoce el paradero ni el destino final de la mayoría de ellas⁸.

Las universidades fueron intervenidas nombrándose rectores delegados. Estudiantes, académicos y funcionarios fueron sometidos a control y vigilancia y muchos fueron expulsados de sus carreras y de sus trabajos⁹. La educación primaria y secundaria también estaban bajo sospecha. Estudiantes y profesores, dirigentes estudiantiles y gremiales, sufrieron las consecuencias de una política que se propuso transformar y segmentar la educación y depurar ideológicamente a las instituciones¹⁰.

Decenas de miles de trabajadores fueron despedidos de su trabajo en los servicios públicos, bancos y empresas privadas. El despido fue una amenaza permanente. Inicialmente fueron exonerados los partidarios del gobierno derrocado. Posteriormente la reorganización de la administración pública y las medidas políticas y económicas implementadas generaron miles de despedidos¹¹. Este estado de cosas afectó a todas esas familias, afectando su capacidad adquisitiva y sus posibilidades para satisfacer sus necesidades básicas.

Una instrucción escrita y secreta del Ministerio del Interior dejó constancia de que los decretos 6 y 22 tenían por finalidad «limpiar a la Administración de elementos marxistas»¹². La persecución sindical en el campo y en las ciudades quedó registrada en las denuncias al Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), documentando el desmantelamiento de las dirigencias sindicales a través de diversas formas de represión política, la ilegalización de las organizaciones y la confiscación de sus bienes ¹³.

La reversión del proceso de reforma agraria se inició con la persecución de los dirigentes campesinos, el asesinato, la tortura, la cárcel, el exilio y la expulsión del campo de casi todos ellos¹⁴. Las ejecuciones y desapariciones de campesinos en Lonquén, en Paine, en la Araucanía, en el Complejo Agrícola y Forestal Panguipulli en la región cordillerana de Valdivia, entre otros, ejemplifican el impacto que tuvo sobre las organizaciones campesinas y sobre las comunidades la detención y el asesinato de sus dirigentes¹⁵. El informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación hace referencia a varios operativos militares con gran desplazamiento de tropas en el ex Complejo que terminaron con el asesinato de cerca de cien dirigentes¹⁶. Las empresas y las tierras permanecieron en CORFO y posteriormente en CONAF hasta su privatización. En 1982, la mayoría de los trabajadores forestales había sido expulsada del ex Complejo junto con sus familias. La reversión fue completa¹⁷.

Ante este escenario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que «luego de un cuidadoso análisis de antecedentes y, en particular, después de haber practicado una observación “in loco” [...] la Comisión ha podido recoger elementos de juicio que [...] estima son suficientes para afirmar que, vigente el régimen instituido en Chile a partir del 11 de septiembre de 1973, se ha incurrido en gravísimas violaciones de derechos humanos»¹⁸.

La represión política tuvo inicialmente un carácter aparentemente arbitrario, generalizando la percepción de que cualquiera estaba expuesto a una amenaza imprecisa (perder el trabajo, ser detenido, torturado, incluso perder la vida), asociada a la participación social y política y a la reivindicación de derechos. Se produjo la socialización de la tortura como una amenaza permanente y el estigma del miedo¹⁹. Los efectos del terror han sido descritos como catástrofes sociales: «[...] diáspora, desestructuración cultural, inversión de valores y normas, negación de la memoria social, son fenómenos que componen un cuadro humanamente catastrófico [...]. Las desapariciones y torturas crean una vivencia difundida de desamparo. [...] [se] genera una sensación de indefensión y, al mismo tiempo, [se] impone y difunde un discurso en que se representa a sí mismo, en tanto Estado, como único garante posible de la seguridad [...]»²⁰.

Las experiencias represivas significaron la dislocación de las vidas de miles de personas. Las pérdidas de personas amadas, de proyectos personales y políticos y la pérdida de derechos produjeron en muchos de ellos verdaderos cataclismos. Las experiencias traumáticas experimentadas y el miedo irradiaron sus efectos sobre las familias, sus vecindarios y comunidades, debilitando las redes de apoyo familiares y sociales, manteniendo la inseguridad y la incertidumbre sobre el control de sus vidas. El miedo se expandió y se transformó en un estado casi permanente²¹. La amenaza de represión política afectó las relaciones sociales y la confianza en las personas y en las instituciones. Al producirse la estrechez y rigidización de la vida social se profundizó la polarización política²². El sometimiento y la resignación pragmática a las condiciones sociales, políticas y laborales estuvieron asociados a ese miedo que se mantuvo latente por décadas.

Una respuesta ante las violaciones a los derechos humanos fue la creación de un comité ecuménico en defensa de la vida de las personas –el Comité de Cooperación para la Paz (1973-1975)–. A su cierre, sus actividades continuaron en la Vicaría de la Solidaridad (1976-1992). Se crearon además otros organismos de derechos humanos que prestaron apoyo legal, social, médico y psicológico a los presos políticos y sus familias²³. Los equipos de profesionales de esas instituciones enfrentaron la incidencia cotidiana de la represión política en la capital y en las regiones y registraron una historia compleja basada en los testimonios individuales de los afectados y en la documentación correspondiente que respaldó años después el trabajo de las comisiones de la verdad.

Chile fue condenado en la Asamblea General de Naciones Unidas por las violaciones a los derechos humanos durante 15 años²⁴. En 1975, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas designó un Grupo de Trabajo para investigar lo que ocurría en Chile. En julio de 1978 el Grupo pudo ingresar al país. En su informe hizo referencia a las condiciones económico-sociales que afectaban a la calidad de vida de las mayorías, recogió evidencias sobre la desaparición de personas y la práctica de torturas²⁵. El informe tuvo escasa difusión en el país²⁶. En 1979 el Grupo fue disuelto y en su reemplazo se nombraron relatores especiales, los que no fueron autorizados a ingresar al país durante varios años, recibiendo las denuncias en las sedes de Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra. Finalmente, Fernando Volio, nombrado en 1985, pudo realizar visitas regulares hasta el fin de su mandato. Los informes estuvieron centrados en las violaciones a los derechos civiles y políticos.

Félix Ermacora, uno de los miembros del Grupo de Trabajo para Chile de la ONU desde 1975, fue encargado por la Asamblea General de Naciones Unidas para que investigara los casos de detenidos desaparecidos en Chile²⁷. El informe concluyó que la DINA había ordenado asesinar a ciertos presos y que, después de examinar exhaustivamente las evidencias documentales disponibles, no había indicios de que los detenidos desaparecidos estuviesen vivos, incluidas las mujeres embarazadas y sus bebés. El informe estableció además que «El gobierno de Chile tiene el deber de explicar y aclarar a la comunidad internacional la suerte de estas personas desaparecidas, de castigar a los responsables de las desapariciones, de indemnizar a los familiares de las víctimas y de tomar medidas para evitar que en el futuro se repitan tales actos». (1979a, pp. 96-97, párrafos 177-178). Las conclusiones del informe tuvieron un fuerte impacto sobre los familiares y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que valoraron su contribución, pero lo consideraron insuficiente²⁸. Las autoridades del país no respondieron. Ya habían fijado su posición como gobierno en 1978, negando toda vinculación con los casos denunciados²⁹.

La situación de los detenidos desaparecidos continuó siendo una preocupación de los familiares, que no dejaron de buscarlos³⁰. Fue un asunto permanente en los informes sobre violaciones a los derechos humanos de la Vicaría de la Solidaridad y de los organismos internacionales, y fue un tema central en el programa del primer gobierno de la transición; y formó parte del mandato de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación / Comisión Rettig (1990-1991). Diversas iniciativas han mantenido la búsqueda desde entonces con resultados muy limitados. El Servicio Médico Legal ha identificado, hasta 2018, a 159 personas³¹. Se estima que el número aproximado de detenidos desaparecidos alcanza a 1.193, según cifras de 1995³². Si se agregan los 30 casos adicionales reconocidos por la Comisión Asesora Presidencial (Valech II, 2010-2011), podría tratarse de 1.223 casos.

La información sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile determinó que en Naciones Unidas se considerara necesario identificar las condiciones políticas y económicas que hacían posible y financiaban el sistema represivo de la dictadura, así como la implementación de las políticas que reorganizaban el Estado, modificaban la arquitectura política y la economía del país, revertían la reforma agraria, suprimían derechos a los trabajadores y su relación con las violaciones a los derechos humanos.

El profesor Antonio Cassese fue nombrado por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas como relator especial para evaluar la ayuda financiera recibida por la dictadura de Pinochet y su relación con las violaciones de derechos humanos que se cometían en Chile³³. En 1978 entregó un informe publicado por Naciones Unidas en 4 volúmenes y 260 páginas. Afirmó, entre otras cosas, que «la asistencia económica extranjera en gran medida sirve para fortalecer y apuntalar el sistema económico adoptado por las autoridades chilenas, que a su vez necesita basarse en la represión de los derechos civiles y políticos, las conclusiones confirmaron que la masa de la actual asistencia económica actual es instrumental en la consolidación y la perpetuación de la actual represión de aquellos derechos»³⁴. La información recogida por este informe no tuvo difusión en Chile y los problemas planteados allí no fueron incorporados al programa de gobierno de la transición.

Este libro escrito por muchos autores y que se publica cuarenta años después de ese informe, recoge esta parte de la verdad histórica que se documentó entonces y que no ha sido integrada al proceso de reconstituir la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos. Esta publicación recupera no solamente las contribuciones del Informe Cassese, sino que reúne los textos de diversos investigadores y académicos que reconstruyen una red de relaciones e información sobre los años siguientes, indispensable para analizar el proceso histórico político reciente y su relación con el tipo de desarrollo económico del país y con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

El gobierno de Pinochet realizó una profunda transformación de la sociedad y de la economía, lo que se describió como «revolución silenciosa»³⁵. La concentración de poder de la Junta Militar le permitió transformar, sin resistencias efectivas, la arquitectura institucional y política del país, la administración pública, la economía y las instituciones. Hoy en día (2018) resulta evidente que esa implementación requería suprimir las organizaciones sociales y políticas capaces de resistir esas transformaciones y someter a la mayoría del país³⁶. La privatización de los activos estatales, la apertura a la inversión extranjera se decidió en la Junta Militar en sesiones secretas y confidenciales, conocidas actualmente como «historia legislativa» del período, accesible solo después de entrado el siglo XXI³⁷.

Por otra parte, como se analiza también en este libro, durante la dictadura los gastos en defensa y policía aumentaron del 14,9 % de gastos del sector público en 1969 al 23,3% en 1982, mientras el gasto social disminuyó³⁸. Los gastos militares incluían salarios, de centros de detención, implementación de la logística, inteligencia, contrainteligencia, compra de armas y equipo militar, bonos y pagos extraordinarios, etc. Es decir, la represión política contó con recursos financieros abundantes, provenientes del presupuesto nacional y de otras fuentes (que es necesario investigar con mayor profundidad) para asegurar la implementación del nuevo modelo político y económico. Los más de mil centros de detención y tortura identificados por la Comisión Valech así lo ilustran³⁹. Por otra parte, la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, responsable de las violaciones de derechos humanos hasta 1977 tanto en el país como en el extranjero, disponía de recursos casi ilimitados para sus centros clandestinos y sus operaciones internacionales.

Según el Informe Cassese, mencionado por varios de los autores de este libro, la dictadura recibió ayuda financiera de varios países, especialmente de Estados Unidos, en el contexto de la guerra fría. En 1976, el gobierno de Carter interrumpió la ayuda financiera y militar por la situación de violaciones a los derechos humanos en el país⁴⁰. Cassese detalló la asistencia del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y las distintas agencias de la ONU cuyos recursos se asignaban en función de proyectos de desarrollo. El gobierno norteamericano advirtió a los bancos que si prestaban dinero a Chile afectarían la política exterior de Estados Unidos, que consideraba los derechos humanos como un factor decisivo respecto al apoyo financiero a un régimen⁴¹. Analizando ese informe a la luz de los escritos que componen este libro, es evidente que no se han producido peticiones de cuentas sobre la colaboración y la complicidad financiera respecto a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile. Documentar esta relación abre un capítulo que se empieza a escribir en nombre de la verdad necesaria para completar la historia nacional reciente y las exigencias de rendiciones de cuentas que permitan garantizar la «no repetición» de las violaciones a los derechos humanos ni de las condiciones que las posibilitaron. Vale la pena recordar que Chile ha sido señalado como un ejemplo internacional por su éxito económico, minimizando los «excesos» en relación a las violaciones de derechos humanos, como lo señala una de las autoras del libro⁴². Los procesos judiciales recientes, al completar la narrativa histórica, desmienten esa versión, al identificar la sistematicidad de los patrones de violencia y tortura, los que no permiten sostener la caracterización de «excesos» con las que el propio régimen intentó justificar el accionar represivo.

La transición política desde la dictadura a un gobierno elegido implicó diversas negociaciones. Los acuerdos de la transición, explícitos e implícitos, implicaron la aceptación de la constitución de 1980 con algunas reformas y la continuidad del funcionamiento del Estado sin revisión de la legislación dictada durante la dictadura. La pretensión era dejar intocada «la obra» del régimen y no «tocar» a los agentes del Estado que violaron los derechos humanos, gracias al decreto ley de amnistía de 1978, el que se buscaría extender para cubrir los delitos cometidos hasta 1990, iniciativa no aprobada en el Congreso⁴³.

El presidente del primer Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia Patricio Aylwin se propuso lograr la reconciliación política en el país. Las condiciones planteadas por los distintos sectores políticos para dicha reconciliación eran contradictorias y casi opuestas, con fuertes connotaciones morales, apelando especialmente al perdón. Los partidarios de la dictadura exigían amnistía e impunidad. Las víctimas requerían reconocimiento y reparación, verdad y justicia. No pocos señalaban que se arriesgaba la gobernabilidad del país si se atendía a las exigencias de las víctimas. Por distintas razones, diversos actores políticos decidieron (o creyeron verse obligados a decidir) dejar «intocado» el ámbito de las relaciones económicas al momento de la transición, con el fin de garantizar la gobernabilidad, el crecimiento económico y eventualmente la reconciliación política.

Las iniciativas y políticas para construir verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición se fueron desarrollando en el curso de los años, pero dejaron fuera las responsabilidades civiles en caso de graves y masivas violaciones de derechos humanos. Pero, algo aún más importante, ha quedado fuera el análisis sobre las condiciones políticas y económicas que se forjaron sobre la base del despojo y la violación a los derechos humanos, como contribuyó a revelar la investigación de Antonio Cassese y como se explora en los capítulos de este libro. Estas investigaciones académicas han ampliado y profundizado algunas dimensiones de las contribuciones de ese informe al reunir información, describir procesos, identificar a los afectados y profundizar en el conocimiento de las políticas específicas que cambiaron la fisonomía del país al precio del miedo y de la precarización de las vidas de miles de familias y personas.

La política económica implementada desplegó la posibilidad del consumo como un fuerte incentivo, pero también como un signo del cambio social que se prometía beneficiaría a las mayorías. La apertura a los mercados internacionales tuvo un fuerte impacto sobre la economía interna, cerrándose progresivamente la producción nacional en diferentes rubros, afectando el empleo de miles de personas, como se señala en los textos de este libro. Pero la expansión y la ilusión del consumo trajo consigo otros valores que incidieron no sólo sobre la economía, sino también sobre la vida de las personas y las familias. El endeudamiento hacía accesibles los bienes que operaban también como indicadores sociales de estatus y pertenencia social, y también como un espacio de gratificación en un contexto de crisis y ruptura radical de la sociedad⁴⁴. Otros valores se instalaron progresivamente, reforzando la idea de que los resultados obtenidos eran únicamente producto del esfuerzo individual. El país ha cambiado de muchas maneras por el impacto de la globalización, los cambios tecnológicos, la irrupción de la memoria sobre el pasado, de la dictadura y la aparición de conflictos que instalaron abusos e injusticias en las relaciones sociales y que hoy requieren ser examinados y resueltos⁴⁵.

Este libro da cuenta de investigaciones que completan la historia política y la «verdad» particularizada en distintos temas y ámbitos políticos y económicos que permiten poner en perspectiva y evaluar las limitaciones de las políticas implementadas en relación con la reparación de quienes fueron afectados por las políticas represivas. Los cientos de miles de personas afectadas por esas políticas no han formado parte de las víctimas reconocidas por el Estado y tal vez nunca lo serán, por la naturaleza casi intangible de esas consecuencias después de décadas. Pero los capítulos de este libro entregan información y abren reflexiones que cuestionan los alcances de la verdad que ha fundamentado el reconocimiento de los daños causados por el Estado sobre miles de víctimas de la sociedad chilena. Se trata de una verdad que ahora puede y debe incluir los efectos de las políticas económicas y sus consecuencias, y que establece la relación entre el empobrecimiento y las dificultades para producir y reproducir la vida de millones de personas durante la dictadura con la privación de sus derechos, en un sentido mucho más amplio del que se ha reconocido hasta ahora.

Como se menciona en la introducción de este libro, con la perspectiva de más de cuarenta años de información e investigación, cada uno de los capítulos contribuye a documentar dimensiones de la historia reciente de Chile en relación con las violaciones a los derechos humanos. Los capítulos proporcionan matices y precisiones, pero, especialmente, establecen y profundizan las relaciones entre los hechos políticos y los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos, teniendo como valor central la dignidad humana. La complementariedad entre unos y otros se ilustra una y otra vez en las reflexiones de las y los autores y en los ejemplos de otras latitudes que han implementado recientemente abordajes más integrales sobre el reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las personas y de las comunidades.

A la sociedad chilena, y no sólo a las víctimas, le asiste el derecho inalienable de conocer la verdad de los hechos, del contexto de los delitos, de sus perpetradores, sus cómplices, y sus consecuencias. También reconocer y considerar que hubo chilenos que apoyaban a la dictadura y que se sentían «salvados» por el salvajismo y la crueldad de las violaciones a los derechos humanos de la dictadura. Por ello, este libro constituye un hito y una contribución fundamental para ampliar la visión y la reflexión sobre los componentes de la justicia transicional, originalmente acotada a las violaciones a los derechos civiles y políticos, e influida por los temores de las autoridades de arriesgar la estabilidad democrática al revisar el pasado dictatorial y las implicancias económicas de los crímenes cometidos. Este libro ofrece información académica e insumos, genera pensamiento y preguntas para un análisis que nos debemos.

Santiago, abril de 2018