Nada revela con tanta claridad el carácter de una sociedad

y el de una civilización como la política fiscal

que su sector político adopta.

JOSEPH A. SCHUMPETER, History of Economic Analysis

INTRODUCCIÓN

Las relaciones sociales y las condiciones en las cuales se producen y se intercambian bienes y servicios en la economía, que varían a lo largo de los años y de un país a otro, determinan, en importante medida, el comportamiento de las finanzas públicas: lo que el Estado hace y la forma como se allega los recursos para financiarlo; ello, a su vez, afecta el proceso de producción e intercambio. El mercado, simplemente dejado a su libre juego, no puede (nunca ha podido) ordenar de manera adecuada esas relaciones y esas condiciones, para lograr el máximo desarrollo económico y social posible en el corto, mediano y largo plazos.

Por ello el Estado, incluso desde antes de la Revolución industrial que se inicia en el siglo XVIII, ha procurado normar y orientar, en menor o mayor medida —pero siempre a lo largo de los años de manera creciente—, las condiciones en las que se lleva a cabo la producción y el intercambio de bienes y de servicios —en las naciones y entre las naciones—, la generación de la riqueza y el excedente que de ello resulta, y la distribución del ingreso en sus tres dimensiones: personal, espacial y entre las clases sociales que contribuyen a generarlo, para así buscar mayor progreso.

Y en todo esto, las finanzas públicas y las personas que las conducen desempeñan un muy importante papel.

Las finanzas públicas son la arena central y natural donde una sociedad determinada —sobre todo sus clases y grupos mejor organizados— define sus objetivos y establece sus prioridades. En esa medida, también son reflejo de un importante y básico acuerdo entre la población y el Estado. Los ciudadanos están dispuestos a sacrificar soberanía a favor del interés colectivo y el Estado, a su vez, establece contribuciones para financiar tareas que benefician al conjunto de la sociedad. En la definición, composición, estructura, características y evolución del gasto público y también el de su financiamiento, se va precisando en el tiempo el contenido —que va cambiando— de ese importante y básico acuerdo social.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se precisan las tareas y las responsabilidades que le corresponde atender al Estado y se establece, en su artículo 31º, la obligación de los mexicanos de “contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.[1]

En los últimos cien años, a partir de la promulgación de la Constitución, el Estado en México (como en muchos otros estados nacionales) ha venido asumiendo diversas y muy distintas responsabilidades y tareas (algunas de ellas incorporadas a la Constitución y otras a leyes reglamentarias de los artículos constitucionales) para orientar, dirigir, promover y estimular el desarrollo nacional. También, a lo largo de los años se fueron definiendo, precisando y enriqueciendo la forma en que el Estado las atendería, así como la manera de obtener recursos para hacerlo adecuadamente.

En su artículo 25 la Constitución establece:

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Y en su artículo 26 dice: “El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”.

Muchas de esas responsabilidades y tareas (en particular, las de carácter social como los servicios educativos, de atención a la salud y la seguridad social) desde el principio se asumieron como programáticas (i.e., no exigibles). Es decir, el Estado haría lo que estaba de su parte para alcanzar, en el menor tiempo posible, su plena vigencia. Ello por medio de la política de finanzas públicas, que en buena medida estuvo guiada y organizada por el principio de que el Estado sólo “dispone de recursos escasos que pueden ser utilizados para satisfacer usos alternativos” procurando mantener “finanzas públicas sanas”, estrechamente definidas como mínimo o cero déficit público.

De esta manera, los gobiernos de México, desde el principio y a lo largo de los años, pusieron en marcha diferentes programas y actividades para promover el desarrollo nacional. Muchos de ellos están aún vigentes y en pleno desenvolvimiento. Otros no. En todo caso, mucho de lo propuesto en materia económica y social en la Constitución aún no se ha cumplido plenamente. En algunos casos, después de casi cien años, se está muy lejos de lograrlo. Las razones que los diferentes gobiernos en su momento esgrimieron para justificar su limitada acción fue (y sigue siendo) la falta de recursos. Los propósitos conforme a los cuales se atienden las responsabilidades y las tareas han permanecido vigentes. Lo que cambia en el tiempo es el ritmo conforme al cual se atienden y las diferentes prioridades de los gobiernos.

México: las finanzas públicas en los años neoliberales busca ordenar la información que existe para ayudar a entender mejor por qué se gasta en lo que se gasta, el ritmo conforme al cual se gasta y las características del financiamiento de ese gasto público, y, así, comprender mejor por qué se financia el gasto en la forma en que se ha hecho durante los últimos años. Con ello, se pueden entender mejor las características de la sociedad mexicana y plantear las condiciones (económicas y sociales) probables de su futuro desenvolvimiento.

Es en los ministerios de finanzas públicas (secretarías de Hacienda, departamentos del Tesoro, secretarías de Economía o con otros nombres) donde una “burocracia celeste” dispone y determina (y siempre y en casi todas partes lo ha hecho) el rumbo y la marcha de la economía de las naciones.

En México, entre las actuales responsabilidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) están: a] cuidar la buena marcha de la economía nacional; b] definir el papel que, dentro de ella, desempeña el sector público; c] administrar y programar el gasto público y su financiamiento; d] atender las relaciones económicas y financieras del gobierno federal con las entidades federativas; e] mantener relaciones cordiales con los empresarios y los financieros del país y otros grupos de poder, y f] asegurar buenas relaciones económicas y financieras con el exterior.

El sector y el área de su influencia son la banca y los banqueros, los empresarios —en lo individual y como grupo (el de Monterrey, por ejemplo)— y sus muy diversas organizaciones: las de los comerciantes, las de los industriales, las de los financieros, las de los exportadores e importadores, las de los agricultores y otras más agrupadas en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).[2] La crema y nata de la burguesía nacional. También se relaciona con líderes sindicales de maestros, de la burocracia y de agrupaciones campesinas y de agricultores. En el exterior, se relaciona con el capital financiero internacional (Wall Street, en Nueva York, y la City, en Londres), con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el Banco de Pagos Internacionales (BIS), con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y con todos los ministerios de finanzas y los bancos centrales de los países, particularmente los económicamente más poderosos. Son los que en el mundo controlan el pastel y la forma de repartirlo.

El lenguaje que se maneja en la SHCP, envuelto plenamente en la magia, sólo es accesible a los ya iniciados. Celosos y misteriosos, los funcionarios de Hacienda constituyen un grupo cerrado, compacto y convencido de que sólo ellos —y los que vienen del Banco de México— pueden acceder a los puestos de dirección (a la manera de la curia en el Vaticano). Difícilmente se tiene acceso, desde fuera, a Hacienda. Saben (y lo sabe todo el mundo) que sus decisiones son trascendentes. Hacienda estima y fija cada año, por medio del presupuesto público, los principales precios relativos a partir de los cuales los agentes económicos cotidianamente toman decisiones en México: el precio del capital (la tasa de interés); el precio de la mano de obra (el salario mínimo); el precio de las divisas (el tipo de cambio); el precio del petróleo, y otros más. De ella en buena medida depende que se haga o no una carretera, una central eléctrica, un hospital, una universidad y muchas cosas más; que se lleve a cabo un proyecto privado de inversión; el ritmo de crecimiento de la seguridad social; los sueldos y los salarios de los trabajadores y funcionarios del sector público; los impuestos que las personas y las empresas pagan; el servicio de banca y crédito. Por medio del Banco de México, de la banca de desarrollo y de los muy diversos fidecomisos que durante décadas fue constituyendo (algunos ya han desaparecido y otros más son de reciente creación), la SHCP interviene en el desenvolvimiento de todos y cada uno de los sectores de actividad en el país. En sus corredores umbrosos y en sus interminables recovecos se toman decisiones que afectan a todos en todas partes.

En México hay varios trabajos que abordan el tema de las finanzas públicas. En primer lugar, están las memorias e informes que anualmente prepara la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También, el presupuesto y la cuenta pública que año con año se elaboran. Está el libro México a través de los informes presidenciales. La hacienda pública, que, junto con la Secretaría de la Presidencia, editó en 1976. Se dispone de numerosos documentos y libros que ha publicado a lo largo de los años sobre materias específicas del quehacer hacendario (banca, crédito, seguros, fianzas, deuda pública, diversos tributos, aduanas, etc.) y los que sigue editando en la actualidad (en noviembre de 2012 empezó a circular el libro El crédito público en la historia hacendaria de México y antes, en 2010, el Sistema de Administración Tributaria, SAT, preparó Historia de los impuestos en México). Se dispone de las memorias de las tres Convenciones Nacionales Fiscales (1925, 1933 y 1947). También de los trabajos de la primera Convención Nacional Hacendaria (agosto de 2004) y de los documentos y estudios preparados por la Comisión Permanente de Funcionarios del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y los del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados también, de manera periódica, publica estudios sobre el tema. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica series estadísticas sobre las finanzas públicas.

La Organización de las Naciones Unidas (y sus organismos regionales, entre ellos la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL) periódicamente publican estudios sobre las finanzas públicas que permiten hacer comparaciones entre los diferentes países. También lo hacen el Banco Mundial, el FMI, el BID y la OCDE.

Se dispone de las memorias de algunos ex presidentes del país en las que abordan temas relacionados con las finanzas públicas y también de notables ex secretarios de Hacienda.[3] Además, destacados profesionistas e investigadores nacionales y extranjeros han escrito sobre algunos aspectos o periodos de las finanzas públicas en México.[4]

Me he beneficiado del trabajo y de los comentarios de los miembros del seminario México entre siglos: 1970-2010, que coordina Esperanza Fujigaki Cruz en la Facultad de Economía de la UNAM, y en el que participan: Adrián Escamilla Trejo, Beatriz Fujigaki Cruz, Xóchitl García Vázquez, Tayra González Orea, José Abel Ogaz Pierce y Josaphat Peña Rangel, y también del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, de la UNAM, que coordina Rolando Cordera y en el que participan, entre otros: Manuel Aguilera, Francisco Javier Alejo, Fernando Cortés, Margarita Flores, Mario Luis Fuentes, Enrique Provencio, Ramón Carlos Torres, Israel Vanegas, Delfino Vargas e Ileana Yaschine. Asimismo, Emilio Caballero, Jorge Ibarra, Eduardo Pascual, María Eugenia Romero Sotelo y Jaime Ros han leído el texto y me han hecho útiles comentarios.

México, D.F., 31 de agosto de 2014

NOTAS AL PIE

CAMBIO DE RUMBO

A partir de diciembre de 1982 se abandona, progresivamente, el modelo de desarrollo que México venía siguiendo durante décadas.[1] Se pasó del programa innovador de la Revolución mexicana a la puesta en práctica de reformas de carácter neoliberal.

En medio de la crisis de la deuda externa, después de la nacionalización de la banca, del establecimiento del control de cambios y de la firma de un convenio con el FMI, el presidente Miguel de la Madrid inició su gobierno y, desde el principio, propuso un cambio de rumbo en el manejo y orientación de la economía mexicana, cuyos contenidos y aspectos esenciales siguen aún vigentes en 2014. En su mensaje, al protestar como presidente de la República el 1 de diciembre de 1982, dijo:

México se encuentra en una grave crisis […] La crisis se manifiesta en expresiones de desconfianza y pesimismo en las capacidades del país para solventar sus requerimientos inmediatos; en el surgimiento de la discordia entre clases y grupos; en la enconada búsqueda de culpables; en recíprocas y crecientes recriminaciones; en sentimientos de abandono, desánimo y exacerbación de egoísmos individuales y sectarios, tendencias que corroen la solidaridad indispensable para la vida común y el esfuerzo colectivo […].

La crisis se ubica en un contexto internacional de incertidumbre y temor; una profunda recesión está en ciernes […] Altas tasas de interés, el desplome de los precios de las materias primas y el alza en los productos industriales, producen la insolvencia de numerosos países […] Al desorden económico mundial se añade la inestabilidad política, la carrera armamentista, la lucha de potencias para ampliar zonas de influencia […]

Vivimos una situación de emergencia […] La situación es intolerable. No permitiré que la patria se nos deshaga entre las manos. Vamos a actuar con decisión y firmeza […].

Para remediar la situación, propuso el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE) para abordar las tareas inmediatas, de corto plazo, para superar la crítica situación en la que, a su juicio, se encontraba el país. El objetivo principal del PIRE fue controlar la inflación y restablecer la estabilidad financiera. A mediano plazo se buscaría fomentar la competitividad externa, disminuir la intervención del Estado en la economía y estimular el ahorro interno. Todo ello creando “un ambiente de confianza” para lograr, a la postre, crecimiento económico y bienestar social. Al final de cuentas, lo que se puso en práctica fue un draconiano ajuste fiscal y se inició de manera acelerada la apertura de la economía nacional. Para el gobierno, el déficit público era la fuente de muchos de los males y problemas de la economía nacional.

Durante la década de los años setenta, las fuerzas mejor organizadas de la sociedad mexicana se abocaron a la elaboración y difusión sistemáticas de concepciones y proposiciones de carácter global que trascendían el corto plazo y el plano sectorial y que aspiraban a definir en su totalidad el rumbo futuro del desarrollo nacional. Eran proyectos que abiertamente buscaban ganar el consenso social y, sobre todo, la hegemonía en la gestión del Estado. Se fue dando una disputa en torno al rumbo que debería seguir la nación.

En México: la disputa por la nación[2] se sostiene que las opciones probables (y polares) dentro de las cuales tendría lugar el desarrollo futuro de México serían las contenidas en los proyectos neoliberal y nacionalista. El primero de ellos traería consigo el predominio pleno de las fuerzas sociales y las formas de organización económica que de modo creciente habían dominado la evolución del país a partir de la segunda posguerra. El segundo, el nacionalista, supondría la reactualización del proyecto nacional de desarrollo esbozado de manera embrionaria en la Constitución de 1917 y que en los años treinta fue impulsado y dotado de contornos más precisos por el movimiento popular, particularmente por la clase obrera organizada, y por el grupo gobernante encabezado por el presidente Lázaro Cárdenas. Frente a la perspectiva de una acelerada integración global con la sociedad norteamericana y el libre operar de las llamadas fuerzas del mercado contenidas en el proyecto neoliberal, el nacionalista destacaba la necesidad de realizar un vasto programa de reformas económicas y sociales para lograr lo más rápidamente posible una efectiva integración nacional, una disminución sustancial de la desigualdad y la marginalidad prevalecientes, así como espacios más amplios para la democracia, la justicia y la libertad.

Con el tiempo, predominó el proyecto neoliberal. Y para ello se pusieron en práctica tres reformas fundamentales, posteriormente llamadas estructurales, que organizaron la política económica y social de los gobiernos de los presidentes Miguel de la Madrid (1982-1988), Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y lo que va de Enrique Peña Nieto (2012-2014).

Las tres reformas con las que se empezó a actuar (y se siguió actuando durante los siguientes sexenios), con el declarado propósito de recuperar el crecimiento económico y avanzar en el mejoramiento de las condiciones generales de existencia de la población, en particular la más pobre, fueron: a] redimensionar el Estado; b] apertura al exterior, y c] reforma de los mercados monetario, crediticio y financiero. Todas ellas tuvieron diferente impacto sobre las finanzas públicas. Posteriormente, se pusieron en práctica reformas estructurales adicionales.

La idea que organizó el redimensionamiento del Estado fue la de que era necesario, indispensable para el mejor funcionamiento de la economía nacional en su conjunto que se redujera el papel del Estado en la economía, para limitarse a garantizar que el mercado funcionara de manera adecuada, actuando en contra de las restricciones y los impedimentos a la libre y plena competencia. En la mejor tradición neoliberal se argumentó que la intervención del Estado en la economía introduce distorsiones en su funcionamiento e impide que los agentes económicos actúen racionalmente con el fin de maximizar el rendimiento de los recursos que ponen en juego. Por lo demás, se sostiene que el Estado es mucho menos eficiente —además de corrupto— que los particulares, que son los que hacen mucho mejor las cosas. La eficiencia de los mercados y su presunta capacidad para autorregularse se convierten con el tiempo en verdaderos dogmas. Los ideales de la dignidad y libertad individuales, pilares en que deberían descansar las sociedades, se promovieron como propios de una economía de mercado. En la versión neoliberal, la excesiva y no estrictamente necesaria intervención del Estado en la economía atentaba contra esos ideales.

El redimensionamiento del Estado se tradujo, en la práctica, en: a] reducción del gasto público, en particular el de inversión, con la idea de que el vacío que dejaría el Estado sería colmado por los particulares (nacionales o extranjeros); b] orientar los movimientos de los impuestos hacia los de carácter indirecto, buscando su neutralidad; c] privatizar la abrumadora mayoría de las empresas públicas[3] (las que no se pudieran o quisieran privatizar serían cerradas y dejarían de operar), y d] desregular las muy diversas actividades de la economía nacional, con el propósito de elevar su eficiencia y mejorar su funcionamiento.

De manera complementaria al redimensionamiento del Estado, se resolvió abrir la economía nacional a la inversión extranjera y a la competencia con el exterior. A partir de la teoría de David Ricardo (y posteriores elaboraciones neoclásicas de las ventajas comparadas) se argumentó que México podría concentrarse en la producción de los bienes y servicios para los que estaba mejor dotado e importar aquellos en los que otros países (esencialmente Estados Unidos) eran —en términos de calidad y precio— más competitivos. Ello beneficiaría al país en su conjunto, pues lo haría más eficiente al estar expuesto a la competencia, y a los consumidores en particular, al contar con mercancías y servicios de mejor calidad y precio. También frenaría las presiones inflacionarias, pues los bienes importados actuarían como ancla de los precios internos.

La llamada apertura comercial y de movimientos de capital, negociada con las cúpulas de empresarios, se tradujo al final de cuentas en el abandono de la política industrial y de la agropecuaria, así como en el retiro paulatino de muchos de los instrumentos que el Estado utilizó a lo largo de décadas para inducir, estimular, prohibir y orientar el funcionamiento del total de las actividades de la economía. En un abrir y cerrar de ojos la economía mexicana pasó de ser una de las economías más cerradas del mundo a una de las más abiertas. A partir de 1983 se inició un muy intenso y acelerado proceso de desmantelamiento de todo el sistema de protección, frente a la competencia del exterior, que México había construido durante décadas para proteger, sobre todo, a su industria productora de bienes de consumo duradero y a la incipiente de bienes de capital. Se redujeron aranceles, tarifas y controles cuantitativos al comercio. Posteriormente, México ingresó al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, sus siglas en inglés) y después empezaron las negociaciones para firmar acuerdos de libre comercio con muchos países, en particular el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).[4] En la actualidad se continúan negociando este tipo de acuerdos (notablemente el Trans Pacific Partnership.

Simultáneamente, se desmanteló todo el sistema de regulación existente en materia de inversiones extranjeras y se puso fin al control de cambios establecido en septiembre de 1982 para volver al sistema de libre e irrestricta convertibilidad de la moneda. Todo ello, se afirmó, con el fin de promover la competencia, aumentar las oportunidades de inversión, estimular el crecimiento, fomentar el empleo y mejorar las condiciones de vida de la población mexicana. En lo sucesivo, la competencia en el mercado desregulado determinaría la marcha de los negocios. Ello entrañó, en muchos casos, la desarticulación de los procesos productivos, el rompimiento de cadenas productivas, la disminución de la participación de la industria en el PIB, extranjerización de la propiedad de las empresas, salarios reales reducidos y crecimiento del empleo precario, informal.

La tercera reforma, la relacionada con los mercados monetario, crediticio y financiero, se llevó a cabo con el declarado propósito de […] acrecentar la generación del ahorro nacional y, así, estar en condiciones de ampliar el monto de los recursos disponibles en cantidad suficiente y canalizarlos de manera eficaz y oportuna hacia aquellas actividades productivas más dinámicas, que permitan alcanzar los niveles de crecimiento deseados.

[…] nuestro sistema financiero debe ser amplio, diversificado y, sobre todo, moderno; de forma tal que sea capaz de apoyar y promover la productividad y competitividad de la economía nacional.[5]

El 1 de diciembre de 1982 se anunció la parcial privatización de la banca que tres meses atrás se había nacionalizado y se empezó a estimular la llamada banca paralela (i.e., casas de bolsa) en una no tan franca y leal competencia con la que aún era mayoritariamente propiedad del Estado. Por último, mediante reformas a los artículos constitucionales 18 y 123, a partir de mayo de 1990 el servicio de banca y crédito dejó de ser una actividad exclusiva del Estado y se le dio acceso a los particulares. Los bancos nacionalizados empezaron a venderse ese año y, posteriormente, se permitió la participación del capital extranjero en las instituciones de crédito y en las auxiliares. En la actualidad, alrededor de 80% de sus activos es operado por la banca extranjera. Uno de los más altos del mundo. En el camino, el servicio de banca y crédito dejo de ser un servicio público concesionado y pasó a ser tan sólo un servicio sujeto a autorización.[6] Además, se abandonó el esquema de las operaciones selectivas de crédito; se modificó el financiamiento del sector público, pasando del mecanismo de encaje legal al de operaciones de mercado abierto (en ambos casos los recursos provienen de la captación del sistema bancario: en el primero, los bancos están obligados a depositar en el Banco de México un porcentaje de los recursos captados que, a su vez, se destinan a diferentes actividades prioritarias; en el segundo, los bancos compran libremente valores gubernamentales con los recursos que no pueden colocar entre sus clientes privados); desaparecieron muchos de los bancos de desarrollo y, los que quedaron, dejaron de operar como bancos de fomento, para concentrarse en llevar a cabo operaciones de segundo piso (de garantía y descuento); se desmanteló todo el sistema de fidecomisos de fomento y garantía mediante los cuales se estimulaban ciertas actividades prioritarias; se legisló para que el Banco de México fuese autónomo y se desregularon las operaciones de la banca comercial (particularmente, las tasas activas y pasivas).

Después de 1982, al calor de la crisis de la deuda externa, se pusieron en práctica en México y en América Latina (y en muchas otras partes del mundo) una serie de reformas recomendadas por el FMI, el Banco Mundial, la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro estadounidenses, entidades todas ellas con domicilio en Washington D.C., capital de Estados Unidos.

El posteriormente llamado Consenso de Washington se caracteriza por un conjunto de reformas, destinadas a alterar de manera significativa la estructura de la economía, que abarcan muchas áreas relacionadas entre sí y todas tienen el declarado propósito de mejorar la eficiencia de la economía. La magnitud y profundidad de las reformas entraña un periodo de transición en el que se modifican las instituciones, se redefinen las relaciones entre los factores de la producción y entre las clases sociales, y en el que hay un reacomodo del poder. Las reformas, el “paquete” de cambios, incluyen: a] redimensionar el papel que el Estado desempeña en la economía (reducción del gasto público, venta de empresas públicas, eliminación de subsidios públicos, desregular las diversas actividades relacionadas con la producción y el intercambio de bienes y de servicios y, finalmente, el fomento a las asociaciones público-privadas); b] la estricta disciplina fiscal, por la vía de la reducción del gasto público y reducciones a las tasas en los impuestos directos y descansar, para la recaudación, cada vez más en los indirectos (finanzas públicas “sanas”); c] la liberalización del comercio exterior y de la inversión extranjera; d] desregular y liberalizar el sistema financiero, y e] un marco legislativo e institucional para garantizar los derechos de propiedad.[7]

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