Gloria Jovita Guadarrama Sánchez*
Uno de los rasgos de los tiempos que vivimos es la asombrosa velocidad a la que ocurren los cambios en todos los órdenes del panorama mundial; en unas cuantas décadas las personas han podido atestiguar transformaciones significativas que han cambiado el ritmo de la vida y han dado una nueva dimensión a los problemas humanos: los conflictos armados, los desplazamientos poblacionales, la pobreza, el desempleo, la desigualdad, así como las innegables potencialidades que ofrecen los avances científicos, las nuevas tecnologías, la comunicación, las redes sociales y el intercambio cultural; corrientes que cambian la geografía y las relaciones humanas y ponen en cuestión las formas de pensar el desarrollo de las sociedades. Se constata que hoy en día existen muchas dificultades para pensar y estudiar a las sociedades como las conocimos antes, los vertiginosos cambios en las interacciones humanas y en las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos demandan nuevos métodos de análisis acordes a las nuevas formas de hacer política. Han cambiado las fronteras y los límites de la acción pública; la globalización es también la extraterritorialidad, porque se interacciona y se generan impactos de y en todo el orbe.
Así, en coherencia con una sociedad globalizada y abierta donde los problemas sociales son cada vez más complejos y específicos y donde una respuesta centralizada y estandarizada por parte del Estado aplica sólo en algunas áreas es necesario cambiar las estrategias de política pública para alcanzar los objetivos de desarrollo. Como parte de esos procesos han surgido corrientes que cuestionan el papel del Estado y advierten cómo, ante la crisis profunda que se vive en el mundo, se requiere contar con proyectos alternativos de desarrollo y alcanzar cambios institucionales los cuales permitan garantizar los derechos y aprovechar mejor los recursos asegurando su sustentabilidad. Se puede decir que por distintas vías se ha venido estableciendo el consenso de que para alcanzar el desarrollo es necesario poner la economía al servicio de la sociedad.
En el caso particular de los estudios compilados en este libro y que se refieren al Estado de México como una de las entidades federativas en la que se concentran y combinan muchos de los problemas actuales del país, el supuesto del cual se parte para iniciar esta discusión es que los cambios recientes en la estructura productiva, social y familiar de la sociedad mexicana han generado desencuentros entre los esquemas tradicionales de formulación de las políticas y las nuevas necesidades y problemas que se viven en la nación, por lo que es indispensable revisar las estrategias y las experiencias que puedan marcar el rumbo hacia la consecución de mayor bienestar para la población. Otro punto de partida estriba en la imposibilidad de atender la formulación de estrategias sin observar la sustentabilidad del desarrollo como principio y fin de las transformaciones que puedan emprenderse en el país para aprovechar mejor sus recursos y potencialidades. La corriente que impulsa el cambio está también inserta en un nuevo mapa político que asume entre sus objetivos conformar esquemas y estrategias de desarrollo más equitativo para los mexicanos, lo que puede considerarse como dar prioridad al desarrollo social.
Si bien las preocupaciones por incorporar una dimensión social a las concepciones del desarrollo se encuentran presentes en los países del mundo desde los años cincuenta, la visión del desarrollo centrado en el ser humano forma parte de la coyuntura histórica de los movimientos sociales de principios de los años setenta. Incluso algunos estudios la ubican en los giros impuestos por la revolución social y cultural que cambió las concepciones prevalecientes sobre la vida y las libertades ciudadanas en aquel año crucial de 1968. Fue entonces cuando, como parte del esfuerzo por integrar al desarrollo dimensiones que incluyeran los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales de las poblaciones, surgieron los Índices de Desarrollo Humano (idh), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) y las Metas del Milenio. La propuesta fue resultado de la convocatoria que, hacia finales de los años ochenta, dirigió la Organización de las Naciones Unidas (onu) a destacados especialistas entre quienes se encontraba Amartya Sen para construir indicadores alternativos al producto interno bruto (pib) para medir el desarrollo; podemos decir entonces que son indicadores relativamente recientes. El enfoque dio un giro que propició avanzar hacia una versión holística que incluyó las nociones de bienestar y las capacidades de los seres humanos como parte del desarrollo (Gálvez, Gutiérrez y Picasso, 2011).
Así, el Índice de Desarrollo Humano impulsó cambios estructurales e institucionales, así como el compromiso de los países de realizar esfuerzos para que las personas puedan ejercer ese conjunto de capacidades y libertades básicas, las cuales son parte del bienestar individual y colectivo. Los compromisos resumidos en la Declaración y metas del milenio expresaban la convocatoria a un nuevo orden mundial que, ahora sabemos, fue en gran medida ilusorio. Con el paso del tiempo podemos constatar que los documentos internacionales actuaron como instrumentos de definición de compromisos generales, pero salvo excepciones no determinaron indicadores específicos de logro que sirvieran de impulso para todos los países.
A lo largo de los últimos 30 años y particularmente a partir de la formulación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm, 2000) y su revisión en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods, 2015), cuando fue aprobado el instrumento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” como la vía para encauzar los esfuerzos de los países,1 el concepto de desarrollo social ha ido construyéndose como una alternativa a las limitaciones impuestas por la visión del desarrollo estimado como crecimiento económico. La idea del desarrollo social involucra el desarrollo humano, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, la inclusión, la equidad y la sostenibilidad. Se coincide en que el desarrollo social aplicado a contextos particulares nacionales o regionales tendría que contemplar la conformación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos y sociales de todos y en el que las personas puedan ejercer sus capacidades y libertades. En dichas intencionalidades está implícito el compromiso de los países para, entre otras acciones, extender la protección social y acabar con la pobreza (objetivo 1), lograr ciudades y comunidades sostenibles y resilientes (objetivo 11); y proteger, restablecer y promover el uso de los ecosistemas terrestres (objetivo 15).2
La idea es que no es posible pensar el desarrollo sin tener a la vista la sostenibilidad de los sistemas generadores de bienestar y el ejercicio de los derechos sociales, que son determinantes para impulsar la demanda interna y la productividad, respaldar la transformación estructural de las economías nacionales y promover el trabajo decente. En el mismo sentido se incorpora el concepto de resiliencia que refiere a reducir las vulnerabilidades, garantizar la solidez de las opciones actuales y futuras de las personas para ejercer sus libertades y su capacidad para enfrentarse a acontecimientos adversos.3
En este contexto la discusión sobre desarrollo social y sustentable que se presenta en este libro es resultado del Coloquio “Estrategias de desarrollo para el Estado de México”, organizado por El Colegio Mexiquense y por el Centro de Investigación en Ciencias Económicas de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México, el cual tuvo entre sus objetivos comprender la dinámica de las transformaciones socioeconómicas en la entidad para el diseño de políticas y estrategias que se traduzcan en mayor bienestar para sus habitantes. Como una de las derivaciones de dicho intercambio académico, en esta obra se propuso rescatar las aportaciones de los investigadores y construir una plataforma de reflexión sobre los cambios recientes en la formulación de las políticas orientadas a la procuración del bienestar de la población y su articulación con las estrategias de desarrollo, particularmente, en el caso del Estado de México. Debe notarse en el contenido del libro la existencia de posiciones que marcan diferencias entre los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad. Desde algunos ángulos se mira el desarrollo sostenible como un proceso que busca dar continuidad al modelo económico de extracción de los recursos. En otra vertiente el desarrollo sustentable busca la permanencia de la disponibilidad de los recursos y funciones ambientales (Quadri, 1994). La sustentabilidad es así un concepto más amplio relacionado con la permanencia en el tiempo de condiciones de viabilidad y continuidad en los sistemas socioecológicos.4
Resulta evidente que en esta entidad federativa los cambios en su dinámica productiva, su crecimiento poblacional, la urbanización de su territorio, la inseguridad, la conformación de nuevos espacios de pobreza y las crecientes demandas sociales han ido generando contextos de crisis que han puesto en duda las capacidades del Estado para dar respuestas eficaces a las nuevas demandas y los nuevos retos sociales. De modo general se percibe que los últimos 30 años marcaron un cambio de época en la sociedad mexiquense: un periodo en el que recibió los impactos de los procesos globales de desindustrialización, de los nuevos modelos y formas de producción, de la transformación de los estilos de vida y los mercados de trabajo, así como de los movimientos hacia la urbanización de su territorio; movimientos y procesos que han afectado el bienestar de sus habitantes y generado nuevos y complejos problemas, que han hecho ineficientes y obsoletas las políticas sociales tradicionales, estandarizadas y fragmentadas.5 Igualmente se advierte que la entidad no ha logrado un desarrollo sostenible, no solamente hay un déficit entre los recursos financieros de que dispone y las erogaciones que necesitaría para atender las necesidades de la población, sino que hay un notorio desequilibrio entre la disponibilidad de sus recursos naturales y los requerimientos para su uso marcados por la sobrexplotación y el daño irreversible en algunos casos a sus ecosistemas, condiciones que han ido conformando una barrera de obstáculos a sus intencionalidades de desarrollo.
Solamente, a modo de ejemplo, se pueden mencionar los flujos migratorios hacia su territorio traducidos en asentamientos irregulares que obligaron al Estado a proporcionar servicios en dimensiones y zonas que escapaban a todo intento de planeación urbana y regional, movimientos que generaron un conjunto de demandas sociales, muchas de ellas todavía insatisfechas. Para enfrentar esos desafíos es necesario revisar los diversos factores de cambio y saber cómo han afectado la vida de los mexiquenses. Asimismo, frente a las políticas sectoriales y fragmentadas en múltiples programas sociales,6 se perfila indispensable formular nuevas estrategias de política que tengan en cuenta la heterogeneidad de los escenarios y las desigualdades de origen y que puedan abrir paso a nuevas formas de resolver los problemas sociales.7
A efecto de integrar la diversidad de posibilidades para abordar el fenómeno multidimensional del desarrollo el libro está estructurado en dos partes relacionadas entre sí. La primera, coordinada por Judith Pérez Soria, concentra la reflexión sobre el análisis de la pobreza, el desarrollo humano, la migración, la participación ciudadana y la cooperación internacional en los problemas del desarrollo. En la segunda parte, coordinada por Wendy Ovando Aldana, se examinan problemas clave para la sustentabilidad; aquí, el eje común es el análisis de los dilemas y obstáculos para el desarrollo sustentable. Por diferentes vías los autores estudian las estrategias para alcanzar equilibrios entre crecimiento económico, medio ambiente y bienestar; se pone en tela de juicio si las estrategias puestas en práctica en la entidad para la sustentabilidad de los recursos hídricos vinculan los procesos del sistema sociopolítico a los impactos de beneficio o daño a los sistemas ecológicos; se examinan problemas como la movilidad urbana y su incidencia para lograr ámbitos de bienestar y conectividad; y se revisan las contradicciones entre las vías de incremento a la productividad y la salud de la población y su entorno.
El hilo conductor común para el análisis del desarrollo sustentable en el presente texto es el impacto ambiental de las actividades económicas, es decir, las externalidades de los procesos productivos sobre el medio ambiente. En la discusión resalta la contradicción o el dilema que se presenta entre el impulso a las actividades económicas y la conservación del medio ambiente y el ejercicio de los derechos humanos. Otro dilema se aborda en la brecha entre los resultados de las actividades empresariales y el sustento, la salud y el bienestar de quienes utilizan los recursos naturales.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) ha establecido que los programas y las acciones estatales de desarrollo social buscan contribuir a la preservación de los derechos sociales y el bienestar económico de los mexicanos. El artículo 6º de la Ley general de desarrollo social establece que los derechos sociales son educación, salud, alimentación nutritiva y de calidad, vivienda, medio ambiente sano, trabajo, seguridad social y no discriminación.8 Las prescripciones legales destacan que el ejercicio de los derechos sociales y el bienestar económico están atravesados por dos dimensiones: 1. la equidad, para tener igualdad de oportunidades; y 2. los mínimos de bienestar que aseguran el acceso a satisfactores, capacidades y libertades implícitas en cada uno de los derechos. Así, un punto clave de las estrategias de política social seguirá siendo el reto de enfrentar las desigualdades, sobre todo, cuando resulta evidente que los programas han sido insuficientes para erradicar o, al menos, disminuir la pobreza, eliminar la discriminación y asegurar la protección social. Es claro que ambas dimensiones están imbricadas, puesto que la igualdad de oportunidades es codependiente de hacer asequible un conjunto de satisfactores mínimos. En este sentido la posibilidad de desarrollar capacidades y ejercer libertades como eje central del desarrollo es inseparable de la configuración de sociedades más equitativas y justas.
Ante la imposibilidad de abordar todos los factores y problemas asociados a esas dimensiones en este texto se presentan solamente algunos estudios en los ámbitos de la equidad, el bienestar, la sustentabilidad, la protección social y las estrategias de atención a la pobreza a partir de ejes transversales relevantes para el Estado de México como lo son la participación ciudadana y la consideración del capital natural como medio para producir rendimientos sociales. En esa perspectiva, derivada de la economía, se contempla el ambiente como capital ecológico, que es el conjunto de elementos de relevancia crucial para el desarrollo social, económico y para la calidad de vida incluyendo bosques, aire, suelos, clima, entre otros (Quadri, 1994).
Así, uno de los ejes comunes para la articulación del libro es que el desarrollo social está estrechamente relacionado con la garantía de los derechos sociales de todos los miembros de una sociedad. Lo anterior implica, por un lado, el involucramiento activo de las instituciones gubernamentales como agencias encargadas de asegurar la distribución equitativa de los bienes públicos y focalizar esfuerzos en aquellos sectores de la población más vulnerables y, por otro lado, la participación de los ciudadanos en el reclamo y el ejercicio de estos derechos.
Como lo señala el Plan de Desarrollo del Estado de México, 20172023, superar la pobreza, la pobreza extrema y las carencias sociales de la población del Estado de México es un proceso complejo que demanda el diseño de políticas públicas basadas en una visión de derechos sociales y humanos. Asimismo, se requieren estrategias e intervenciones focalizadas y transversales mensurables para poder dar seguimiento a los resultados. Por último, es necesaria la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno para evitar duplicidades o problemas operativos, haciendo un uso más eficiente de los recursos disponibles para la atención de poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema.9
Se observa que el eje principal de las estrategias que guiarán la intervención del gobierno en los próximos años es su alineamiento con las propuestas de la Agenda 2030, sobre todo, porque la elaboración del plan se realizó con la colaboración de organismos internacionales y se suscribió con el pnud un Convenio de Cooperación Técnica. En ese sentido se considera que la investigación académica ha dado poca importancia a las relaciones entre los gobiernos estatales y los organismos internacionales y que es importante, como lo propone uno de los estudios comprendidos en este volumen, revisar las experiencias de cooperación internacional en el ámbito estatal y seguir el proceso de su instrumentación en los espacios locales; sobre todo si se mira como una oportunidad para introducir la discusión sobre la pertinencia y la orientación hacia el desarrollo sustentable en las estrategias gubernamentales.
Al examinar la dimensión social del desarrollo en el Estado de México, así como en la discusión sobre las estrategias y los problemas, es imperativo considerar que, en razón de la forma en la que se desenvolvió durante la segunda mitad del siglo pasado, caracterizado por un acelerado proceso de industrialización, el Estado de México se convirtió en un centro de desarrollo económico y en foco de atracción para la inmigración poblacional. Dichos procesos generaron un desarrollo desigual y diferenciado entre sus municipios, ya que al tiempo que algunos de ellos mantuvieron condiciones de ruralidad, marginación y rezago económico, otros se transformaron rápidamente en municipios urbanos de intensa actividad económica, industrial y manufacturera. Las nuevas condiciones incidieron para que la distribución de oportunidades de bienestar fuera inequitativa, puesto que los servicios de salud, educación y empleo se concentraron también en las zonas urbano-metropolitanas, en detrimento de las regiones menos desarrolladas y las zonas de población indígena.10 En dichos procesos se observa la configuración sociopolítica y territorial del estado como una entidad moldeada por la migración con diferentes polos de articulación del desarrollo en sus zonas metropolitanas y dinámicas demográficas diferenciadas para los municipios que se encuentran fuera de los círculos de la metropolización.11 La complejidad y la interacción de los procesos económicos con las dinámicas sociales fueron volviendo poco eficaces las estrategias gubernamentales, debilitadas ante los nuevos problemas y frente a las extensivas y múltiples demandas, configurando así un panorama en el cual la entidad mexiquense enfrenta actualmente numerosos desafíos.
En relación con este punto Paolo Riguzzi (2018) advierte la pertinencia de pensar también en términos de una perspectiva histórica para darse cuenta de la complejidad de los retos a los cuales los procesos de migración y crecimiento poblacional han arrastrado a la entidad. En 1950 el estado tenía alrededor de 1.4 millones de habitantes, es decir, alrededor de 5% del total nacional; en 60 años la población se ha multiplicado por diez. El estado concentra una población que equivale a 13% del conjunto nacional. Esto nos dice también que cuando uno apunta o hace un ejercicio legítimo de crítica o de señalamiento de errores no puede soslayar la enormidad de dicha transformación y las complejidades de encauzarla y gobernarla.
Por otra parte, en años recientes las actividades productivas centradas en el sector industrial y manufacturero han sido desplazadas gradualmente por el sector terciario —comercios, restaurantes y hoteles, principalmente—,12 cambios que han incidido en la composición de la fuerza de trabajo y en las oportunidades de empleo, y que ha repercutido también en una disminución en los indicadores de desarrollo. En relación con este punto el mapa de desarrollo del país destaca que el Estado de México tiene mejores resultados que el promedio nacional en calidad y espacio de la vivienda, así como más habitantes que cuentan con sanitario, energía eléctrica, agua entubada y menor rezago educativo, además de que la población ocupada que percibe ingresos de hasta dos salarios mínimos es también menor al promedio nacional.
A pesar de esos indicadores también se observa que una parte significativa de la población no tiene acceso a los servicios de salud, los indicadores de esperanza de vida son menores al promedio nacional y la tasa de mortalidad infantil es alta. Los índices de pobreza —aun cuando se han reducido— son también preocupantes: con base en información del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, en 2016 vivían en condiciones de pobreza 8 230 000 mexiquenses; de ellos, poco más de un millón se encontraban en situación de pobreza extrema.13 Ese conjunto de indicadores muestra situaciones adversas a las que la entidad deberá hacer frente en el futuro inmediato. Ello no quiere decir que no se hayan puesto en marcha programas destinados a solucionar los problemas de bienestar. En 2013 el Estado de México contaba con 90 programas de desarrollo social: 65 estatales y 25 federales. En 2014 se registraron 107 programas: 80 estatales y 27 federales.14 De conformidad con estos datos, el Estado de México es una de las entidades federativas que cuenta con un mayor número de programas sociales después de los estados de Yucatán y Tamaulipas. No obstante, resulta difícil si no imposible evaluar sus efectos en garantizar derechos sociales (Cejudo, Michel y Zedillo, 2018).
Un aspecto distinto, pero igualmente importante para analizar la incorporación de la dimensión social del desarrollo a las estrategias de gobierno, es la transformación que han tenido las políticas sociales las cuales pasaron de conformarse con una orientación de extensión de los beneficios sociales para toda la población a centrarse en sectores y poblaciones específicas; asimismo, ya desde finales de los años ochenta se desplazaron de los subsidios y prestaciones dirigidos a los más pobres, a las transferencias monetarias focalizadas. Una parte de la reflexión lleva a considerar que los programas de transferencias monetarias, que actualmente se han convertido en el eje principal de la política social, forman parte de los procesos de liberalización económica los cuales restringen la provisión del bienestar a la identificación y selectividad de los más pobres y a la individualización de los beneficiarios de la acción pública. En el caso del Estado de México estos movimientos han incidido tanto en el incremento de la pobreza como en la conformación de nuevas vulnerabilidades que el Estado ha dejado de atender, con repercusiones en la movilidad, el ritmo y el adelanto o rezago en los indicadores de desarrollo humano.
Con estas consideraciones como base para los estudios comprendidos en este libro, el lector podrá tener una visión más amplia de algunos aspectos seleccionados respecto a los problemas de desarrollo y de gestión de los gobiernos para su atención. Muchos otros componentes y problemas han quedado fuera de la mira, pero anima a los autores que una entidad tan grande y compleja como es el Estado de México, requiere contar con múltiples y diversos estudios que apoyen la conformación de políticas más cercanas a las necesidades de la población. En ese espíritu se incluye el hecho de que la investigación académica sobre los temas de desarrol o local se ha visto disminuida en las últimas décadas y se requiere la conformación de comunidades epistémicas que reconfiguren teórica y metodológicamente el análisis del desarrollo.
El mensaje en este libro es la urgencia de buscar cambios fundamentales en lo que hacemos y en cómo lo hemos venido haciendo. Emergen dos conclusiones, la primera es que necesitamos con urgencia incorporar a las estrategias de política pública la visión de sostenibilidad y resiliencia. La segunda es que es posible lograr las mejoras en la capacidad del gobierno si en los años venideros cambiamos las prioridades y revertimos las tendencias de deterioro en el bienestar. Estas conclusiones son interdependientes.
Finalmente, resulta evidente que las estrategias de desarrollo no pueden verse solamente como un proceso evolutivo en el que se van alcanzando metas más altas o mejores, es un proceso de construcción social de prioridades, en el que la forma en la que se seleccionan las metas y soluciones a los problemas planteados es un reflejo de las capacidades institucionales y de las posibilidades y liderazgos de los actores individuales y colectivos.
Berkes, Fikret, Johan Colding y Carl Folke (2003), “Introduction”, en F. Berkes, J.
Colding y C. Folke (eds.), Navigating Social-Ecological Systems: Building Resilience for Complexity and Change, Cambridge, Reino Unido, Cambridge University Press.
Gálvez, Santillán Elizabeth, Esthela Gutiérrez Garza y Esteban Picasso Palencia (2011),“El trabajo decente: nuevo paradigma para el fortalecimiento de los derechos sociales”, Revista Mexicana de Sociología, 73, núm. 1, enero-marzo, pp. 73-104.
Quadri, Gabriel (1994), “Economía, sustentabilidad y política ambiental”, en A.Yúnez-Naude (comp.), Medio ambiente. Problemas y soluciones, México, El Colegio de México, pp. 21-61.
Subirats, Joan (2010), “Si la respuesta es gobernanza, ¿cuál es la pregunta? Factores de cambio en la política y en las políticas”, Ekonomíaz, núm. 74, segundo cuatrimestre, pp. 16-35.
Subirats, Joan y Marc Parés (2014), “Cambios sociales y estructuras de poder. ¿Nuevas ciudades, nueva ciudadanía?”, Interdisciplina, vol. 2, núm. 2, pp. 97-118.
Cejudo, Guillermo, Cynthia L. Michel y Roberto Zedillo Ortega (2018), “Programas sociales sin política social”, Animal Político, disponible en: <http://www.ani-malpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2018/01/10/programas-sociales-sin-politica-social/> (consulta: 19/01/2018).
Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) (2016a), Inventario coneval de programas y acciones estatales de desarrollo social, 2013-2014, documento pdf disponible en: <http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPE/Paginas/historico.aspx> (consulta: 16/10/2018).
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Consejo Estatal de Población del Estado de México (coespo) (2017), Zona metropolitana de Tianguistenco [en línea], documento pdf disponible en: <http://coespo.edomex.gob.mx/sites/coespo.edomex.gob.mx/files/files/coespopdfzms17.pdf> (consulta: 30:08/2018).
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Gobierno del Estado de México (2018), “Plan de Desarrollo del Estado de México 20172023”, Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México, Toluca, documento pdf disponible en: <http://edomex.gob.mx/sites/edomex.gob.mx/files/files/PDEM20172023.pdf> (consulta: 16/08/2018).
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) (2014), “Informe sobre Desarrollo Humano 2014. Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva York, documento pdf disponible en: <http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-es.pdf> (consulta: 02/10/2018).
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) (2016). “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva York, documento html disponible en: <http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainabledevelopment-goals.html> (consulta: 16/08/2018).
Riguzzi, Paolo (2018), “Balance sobre el desarrollo del Estado de México”, videoconferencia dictada durante el coloquio “Estrategias de Desarrollo del Estado de México”, El Colegio Mexiquense, A. C., Toluca, Estado de México, video disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=0uGFKRcRTQQ> (consulta: 09/07/2018).
Notas
* Profesora-investigadora, en El Colegio Mexiquense, A. C., correo electrónico: gguadarr@cmq.edu.mx
1 En el año 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 ods, que reemplazaron los odm a partir del año 2016. La agenda establece el compromiso de los países para instrumentar programas y políticas públicas con el objetivo de mejorar la vida de las personas y preservar el medio ambiente a lo largo de los siguientes 15 años. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [en línea], Nueva York, documento html disponible en: <http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainabledevelopment-goals.html>, 2016. (Consulta: 16/08/2018).
2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), 2016.
3 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), 2014. En términos de la Agenda 2030 el término resiliencia refiere a la intención de constituir comunidades resilientes; debe tomarse en cuenta que la resiliencia remite a las capacidades de las personas para adaptarse positivamente a situaciones adversas y no solamente a sus vulnerabilidades ante las situaciones de riesgo. En un sentido más amplio el concepto de resiliencia también es aplicado a las capacidades adaptativas de los sistemas socioecológicos, lo cual conlleva a que las actividades humanas se ajusten a los ecosistemas con los que tienen vínculos; así, la resiliencia es también sinónimo de sustentabilidad (Berkes, Colding y Folke, 2003).
4 Sin entrar al fondo de la discusión, en este apartado y en general a lo largo del libro se hace referencia al desarrollo sostenible cuando está vinculado con la propuesta de la Agenda 2030 que apoya las estrategias gubernamentales y se hace referencia al desarrollo sustentable cuando está relacionado con la permanencia y la continuidad de las funciones ambientales. En la segunda parte del libro se hace una contribución al análisis sobre la pertinencia de los conceptos.
5 Entre los estudios que profundizan en la discusión sobre la complejidad que han ido adquiriendo los problemas sociales en diferentes escenarios globalizados y su desencuentro con las políticas públicas tradicionales se encuentran los de Subirats, quien también propone la transformación de las estrategias de política pública y de las formas de participación ciudadana (Subirats, 2010; Subirats y Parés, 2014).
6 El inventario del Coneval registra la existencia, en 2014, de 6 491 programas y acciones de desarrollo social en todo el país: 152 federales, 2 528 estatales y 3 811 municipales. El Estado de México contaba en 2013 con 90 programas: 65 estatales y 25 federales. En 2014 se registraron 107 programas: 80 estatales y 27 federales (Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, 2016a).
7 Subirats (2010) señala que en un escenario marcado por la creciente heterogeneidad de los entornos sociales, por la continuada y rápida precarización del mundo laboral y frente a las acentuadas tendencias hacia la individualización, que dificultan la cohesión social y propician la exclusión, las políticas tradicionales tienen más dificultades para ser efectivas, puesto que su especialización y segmentación (en políticas sectoriales, como salud, educación, vivienda, trabajo, servicios sociales) las han vuelto inoperantes. Es necesario, en su opinión, generar espacios de intersectorialidad e integralidad en las políticas que sean más cercanos a las necesidades de las personas y grupos.
8 Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, 2016b, p. 12.
9 Gobierno del Estado de México, 2018.
10 De acuerdo con datos de coespo, integrados a partir de la Encuesta Intercensal, 2015 del Inegi, en el Estado de México, 421 743 personas de tres años o más eran hablantes de alguna lengua indígena; más de la mitad de ellos eran hablantes de mazahua (29.55%) y otomí (25.36%), seguidos de la lengua náhuatl (17.58%). En la población restante cerca de 26.8% eran originarios de entidades federativas como Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Veracruz (coespo, 2018).
11 En el territorio del Estado de México se distinguen tres zonas metropolitanas importantes que concentran a la mayoría de la población, la riqueza, la infraestructura y los servicios: la zona metropolitana del Valle de México (59 municipios mexiquenses, las 16 delegaciones de la Ciudad de México y un municipio del Estado de Hidalgo), la zona metropolitana de Toluca (15 municipios) y la zona metropolitana de Tianguistenco (seis municipios) (coespo, 2017).
12 El Plan Estatal de Desarrollo señala que las actividades del sector terciario, es decir, el comercio y los servicios aportan al pib estatal 72.7% mientras que las correspondientes al sector secundario contribuyen con 25.7% (Gobierno del Estado de México, 2018).
13 Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, 2016b.
14 Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, 2013 y 2014a.
Albarrán Olvera, Claudia Yolanda
Investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene el Reconocimiento de Perfil Deseable de la sep desde 2015. Sus líneas de investigación son: derechos humanos y derecho a la ciudad, desigualdad socioespacial y derecho a la ciudad, espacios públicos y derecho a la ciudad, delito y percepción del delito en espacios públicos en México. Ha publicado artículos en revistas científicas referidos al campo de la ciudad.
Arana López, Felipe
Maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal por El Colegio Mexiquense, A. C. y licenciado en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de México (uaeméx). Actualmente labora en la Comisión Reguladora de Energía. Trabajó en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se desempeñó como asistente de Investigación en el Centro de Investigación en Ciencias Económicas (cice) de la uaeméx. Entre sus publicaciones recientes se encuentra Evolución temporal de la sincronización nacional e internacional de los ciclos sectoriales de México, 1980−2007 (con P. Mejía y D. Silva). Ha colaborado en la Revista Economía Actual, impartido ponencias y participado en diversos eventos académicos de la uaeméx y El Colegio Mexiquense, A. C.
Bernabé Martínez, Erika Melisa
Licenciada en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de México, sus líneas de investigación son: participación ciudadana y gobernanza, pobreza, migración, y cambio climático y políticas públicas. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en administración pública, por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide). Es especialista en administración y políticas públicas, así como en temas de rendición de cuentas, participación ciudadana y gestión municipal. Tiene una amplia experiencia como profesora, coordinadora de proyectos académicos y de consultoría en entidades educativas. Es autora de diversos artículos en libros y revistas científicas referidos al campo de la rendición de cuentas, transparencia y políticas públicas. Es miembro de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, y cuenta en el Perfil prodep-sep.
Carbajal Suárez, Yolanda
Doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2013. Maestra en Estudios Urbanos y Regionales y licenciada en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de México en donde es profesora investigadora de la Facultad de Economía. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Desde el año 2009 cuenta con el perfil deseable promep (Programa de Mejoramiento del Profesorado), Secretaría de Educación Pública. Sus líneas de investigación son: sector automotriz, competitividad y economía regional. Es autora de 27 artículos en revistas indexadas, arbitradas y de difusión, así como de 14 colaboraciones en libros.
Carrillo Arteaga, Alan Noe Jim
Doctor en Urbanismo, Facultad de Planeación Urbana y Regional por la Universidad Autónoma del Estado de México (uaeméx.). Es profesor e investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable de la uaem. Cuenta con el reconocimiento vigente como perfil deseable de la sep. Obtuvo la presea “Ignacio Manuel Altamirano Basilio”, en sus estudios de doctorado. Cuenta con experiencia en el sector académico, público y privado. En la academia imparte cátedra a nivel licenciatura y estudios de grado en maestría y doctorado. Ha participado como coordinador de libros de investigación, es autor y coautor de textos para libros y artículos, también ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son: urbanismo, vivienda, movilidad sustentable, sustentabilidad urbana, así como administración y planeación urbana. En la administración pública participó en áreas como desarrollo urbano y metropolitano, y vivienda y administración urbana; en el sector privado ha colaborado con las empresas cmic, sare, vinte, urbi y cauv.
Castillo Nonato, Jesús
Licenciado y maestro en Antropología Social por la Universidad Autónoma del Estado de México, doctor en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales por la Universidad Autónoma del Estado de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel I. Profesor-investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es autor de 15 artículos de libro publicados en editoriales nacionales e internacionales, así como de 20 artículos publicados en revistas arbitradas y con índice de reconocido prestigio. Cuenta con 30 ponencias en simposios y congresos nacionales e internacionales con temáticas referentes al uso y manejo social de recursos naturales, gestión de recursos hídricos, organizaciones autogestivas, sistemas agrícolas, agroecología y sustentabilidad en el medio rural.
Díaz Castro, Braulio
Especialista en políticas de internacionalización de los gobiernos locales. Licenciado en Relaciones Internacionales (2005-2009) y maestro en Ciencias Sociales y Desarrollo Local por El Colegio Mexiquense A.C. (2011-2013), con especialidades en análisis político-estratégico por el cide (2016), participación ciudadana por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (2016) y en cooperación internacional por el Instituto Mora (2013). Ha sido consultor en temas internacionales para diversas instituciones como la Secretaría de Educación de la Ciudad de México (2015), la Embajada de Francia en México (2014) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México (2016), así como Consejero Electoral del Distrito 26 en el Estado de México para el Instituto Nacional Electoral (tres procesos electorales 2012, 2015 y 2016). Desde 2016 es subdirector de gestión de conocimiento y comunicación de la Alianza Euro Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades (al-las) en la Coordinación General de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México.
Girardo Pierdominici, Cristina
Doctora en Pedagogía, Facultad de Ciencias de la Formación, por la Universidad de Turín, Italia, y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, unam, México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesora investigadora de tiempo completo de El Colegio Mexiquense. Sus líneas de investigación son: (i) Estudios sobre desarrollo local: formación de agentes y educación para el desarrollo; (ii) Estudios sobre Organizaciones de la Sociedad Civil: empleo, profesionalización, responsabilidad social, participación ciudadana; (iii) Estudios sobre cooperación internacional y la eficacia de la ayuda al desarrollo. Ha participado como investigadora en varios proyectos y ha publicado libros y un gran número de artículos en libros, revistas y periódicos. Tiene una participación muy activa como ponente, conferencista y comentarista en diversos países. Es miembro de la Red Mexicana de Cooperación Internacional y Desarrollo (remecid), así como de la Red Temática conacyt: “Convergencia del conocimiento para Beneficio de la Sociedad”.
Guadarrama Sánchez, Gloria Jovita
Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la unam y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II. Actualmente es profesora-investigadora en El Colegio Mexiquense, institución en la cual también se ha desempeñado como docente, coordinadora de investigación académica y miembro de la Junta de Gobierno. Sus líneas actuales de investigación son: instituciones, políticas públicas, asistencia social y sociedad civil. Por el conjunto de su obra publicada y por su experiencia en la investigación social, en 2012 recibió el Premio Estatal al Altruismo que otorga el Gobierno del Estado de México, en su modalidad de Investigación Social Asistencial. Asimismo, le fue otorgada la Presea “Estado de México de Pedagogía y Docencia”, 2014 por sus contribuciones a la investigación y al desarrollo de la educación en la entidad. Es autora de varios libros y ha publicado artículos en revistas científicas referidos al campo de las políticas públicas; durante el periodo 2014-2016 se desempeñó como coordinadora de la Red de Estudios sobre Gestión Municipal. Entre sus publicaciones recientes se cuentan La agenda de género en municipios mexiquenses. La reconfiguración local de la agenda nacional y Políticas educativas y agenda de gobierno. Equidad y calidad pendientes (2012), así como textos publicados con el sello de El Colegio Mexiquense. En 2015 publicó el libro Un lugar indefinido. El género en la agenda municipal; la reconstrucción local de la política nacional en el Estado de México. En 2017 publicó. como coordinadora el libro Instituciones, sociedad civil y políticas públicas. Trayectorias de investigación. Su libro Entre la caridad y el derecho: un estudio sobre el agotamiento del modelo nacional de asistencia social, editado por El Colegio Mexiquense y por el Consejo Estatal de Población (coespo) en 2001, hace un examen profundo acerca de la asistencia social en nuestro país y particularmente en el Estado de México.
Martínez Tiburcio, María Gabriela
Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en administración pública, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora-investigadora del Departamento de Procesos Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana (uam-Lerma). Es Perfil Deseable prodep. Sus líneas de investigación son transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana y gobernanza, políticas públicas en seguridad pública y gobiernos municipales. Sus publicaciones más recientes son: La sociedad civil y la comunidad. ¿Complemento o contradicción? Un estudio desde lo rural: caso de la comunidad de Santa Cruz Quetzalapa en Tenancingo, México (2017) en coautoría con Omar Valencia y “Desafíos en la implementación de la prevención en el subsemun: el caso del municipio de Lerma de Villada, Estado de México” en Revista Espacios Públicos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, uaem, núm. 48, enero-abril, 2017.
Mejía Reyes, Pablo
Investigador del Centro de Investigación en Ciencias Económicas de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es doctor en Economía por la Universidad de Manchester (Reino Unido) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Sus líneas de investigación son: fluctuaciones cíclicas, integración económica internacional, política fiscal y econometría aplicada. Entre sus publicaciones recientes se encuentran las siguientes: “El enfoque de capabilidades y el programa de combate a la pobreza Prospera de México”, Reveu Éthique et économique/Ethics and Economics, vol. 14, núm. 2, (2017), pp. 71-89 (con L. de Jesús Almonte y M. T. Herrera Nebel); “Gasto público y crecimiento económico de los estados del centro de México: un análisis de cambio estructural para el periodo 1980-2012”, Paradigma Económico, año 9, núm. 2, 2017, pp. 33-64 (con M.
R. Reyes y K. T. Sánchez).
Montes de Oca Hernández, Acela
Doctora en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. Profesora-investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel I desde el año 2014. Cuenta con Perfil Deseable prodep desde 2015. Sus líneas de investigación son: gestión territorial para recursos hídricos, sistemas agrarios tradicionales, agroecología para la sustentabilidad en territorios rurales, organización social y riego. Es autora de 12 artículos en revistas indizadas, arbitradas y de difusión, 14 colaboraciones en libros y ha escrito dos libros en coautoría. Ponente en congresos internacionales en países como España, Polonia, Colombia, Perú, Costa Rica, Cuba y Guatemala, actualmente es responsable técnica del proyecto del Conacyt “Valoración ambiental, social y productiva de humedales interiores artificiales”.
Moranchel-Bustos, Jorge Luis
Licenciado en Economía y maestro en Administración por la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctor en Ciencias Económico-Administrativas de la misma Universidad Autónoma del Estado de México. Sus líneas de investigación son: desarrollo local, cadenas productivas, pobreza, marginación y desarrollo humano. En 2017 obtuvo una beca por parte de la uaeméx y el comecyt para cursar un semestre del doctorado en el L.R. Klein-centro Stone de la Universidad Autónoma de Madrid.
Ovando Aldana, Wendy
Licenciada en Economía. Maestra en Estudios Urbanos y Regionales. Doctora en Ciencias Económico-Administrativas. Actualmente profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México, institución en la que también se ha desempeñado como coordinadora de la Licenciatura en Economía y como Consejera Académica. Es Perfil prodep e Integrante del Sistema Nacional de Investigadores (C). Autora de colaboraciones en libros y artículos en revistas científicas que versan sobre mercados de trabajo, industria manufacturera y economía regional.
Pérez Soria, Judith
Doctora en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Universidad de Guadalajara, maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, flacso-México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesora-investigadora de El Colegio Mexiquense, A.C. Sus líneas de investigación son políticas públicas, participación ciudadana, desarrollo local y migración. Ha impartido clases de los niveles licenciatura y posgrado en la Universidad Autónoma de Chiapas y en la Universidad Autónoma de Querétaro sobre teoría social y metodología. Sus publicaciones más recientes son sobre políticas públicas y migración entre las cuales se encuentran: “Dinámicas locales en la implementación del Programa 3 × 1 para Migrantes: entre el conflicto y la cooperación”, Estudios de Políticas Públicas (2018) y “Migrantes mexicanos en los Estados Unidos: una revisión de la literatura sobre integración, segregación y discriminación”, Estudios Fronterizos (2017).
Ramírez Hernández, Javier Jesús
Economista, doctor en Ciencias Sociales por El Colegio Mexiquense. Actualmente es profesor-investigador en el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable (cedes) en la uaeméx. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (sni) nivel I, profesor con Reconocimiento de Perfil Deseable Docente de la sep. Temas de investigación: sustentabilidad, desarrollo local, desarrollo territorial, economía sectorial y economía mexicana. Ha escrito artículos en revistas arbitradas o indizadas además de colaboraciones en libros editados en México y en el extranjero. Coordinador del capítulo iberoamericano de asepelt (Asociación Internacional de Economía Aplicada).
Ruiz Ramírez, Héctor
Doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña, España; maestro en Ciencias con especialidad en Planificación por el ipn y licenciado en Economía por la uaguaemanfeca